Las plataformas de streaming tendrán que financiar cine y series europeas con un 5% de lo que generen en España. Así lo recoge el anteproyecto de la nueva Ley General de Comunicación Audiovisual que se presentó el pasado viernes.
“El espíritu de la directiva europea era que en todos los países se establecieran las mismas reglas para los proveedores de servicios de comunicación porque, aquellos prestadores que operaban en países pero estaban ubicados fuera, no cumplían las mismas obligaciones que los demás. Era de ley equilibrar esta situación”, expone la directora general del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, Beatriz Navas.
Mismas reglas, mismas obligaciones para todos los que compiten por los espectadores, en palabras de Navas. Se cumple el objetivo de equiparar las obligaciones de las plataformas con RTVE y las televisiones privadas tradicionales. A partir de la aprobación del texto, algunas plataformas que operan en nuestro país, aunque estén fuera, tendrán que cumplir con la obligación de invertir el 5% de sus ingresos en cine y series europeas. “Se refuerza la protección de la obra audiovisual europea en tres aspectos: la producción independiente, que es garante de la diversidad, de la heterogeneidad. Además, es lo que dinamiza el sector audiovisual en la cadena de valor, refuerza las empresas y a los profesionales de nuestro país; protege el cine en salas; y el cine en las lenguas de nuestro país, tanto el español como las lenguas oficiales de las Comunidades Autónomas, porque eso también crea la diversidad cultural y lingüística”, indica la máxima responsable del ICAA.
Las aportaciones se realizarán a través de participar en la producción de películas o adelantos por pagos de derechos. En el caso de las empresas con un volumen de negocio menor de 50 millones, podrán invertir ese 5% en compras de derechos de obra realizada. Quedan exentas aquellas plataformas que facturen menos de 10 millones de euros al año. “Una novedad que hemos incorporado para que no se encuentren con problemas a la hora de cumplir o porque decidan optar por esta opción, es que parte de ese porcentaje se lo pueden dar al ICAA. Nuestra idea es hablar con los prestadores para ver como les gustaría que se invirtiera y que se sientan cómodos con esa aportación”, indica Navas.
La directora general del ICAA también destaca la importancia que tiene que en el catálogo de las plataformas de vídeo bajo demanda está la obligación de reservar el 30% de obras europeas. De ese 30%, un 50% deben ser en lenguas españolas. “No vale solo la inclusión en el catálogo, sino que se vea, que las encuentres, que las promocionen”, subraya Navas.
El anteproyecto se abre ahora a un proceso de alegaciones de 15 días, “un periodo fundamental para ajustar”. Su aprobación será en el 2021.
